Puigdemont tiene una orden de detención en su contra, y su retorno a España significaría en principio su arresto inmediato. “No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”, explicó el alto tribunal.
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