La Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar se promulgó en agosto de 2017 y contaba con un plazo de 180 días, que vence este viernes, para hacer llegar esos recursos a los afectados.
«Ha llegado un 0 % desde el Crédito Agrícola, eso es ninguna ejecución, ayuda alimenticia cero y reactivación productiva del 7 %, eso se traduce en 15 tractores y 8 rastras, cuando nosotros acordamos 105 tractores distribuidos en 13 regiones», explicó a Efe el dirigente campesino Jorge Galeano.
El MAG fue la primera parada de su protesta, que continuará ante el Comité de Emergencia Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Congreso, donde se reunirán con la Comisión Permanente, en un encuentro en el que estarán los titulares de Agricultura y Hacienda, Marcos Medina y Lea Giménez, respectivamente, según adelantó Galeano.
Con esta reunión, los campesinos pretenden denunciar la situación, exigir responsabilidades y pedir la ejecución de esos 40 millones de dólares antes de que venza el plazo el día 9 de febrero.
«Estamos haciendo una denuncia administrativa, una denuncia política ante la instancia parlamentaria y, si no hay ninguna respuesta, vamos a presentar una denuncia penal formal ante el Ministerio Público», agregó el dirigente campesino, que quiere «que se investigue donde se fueron a parar los fondos».
La Ejecución de ese presupuesto dependía a partes iguales de la cartera agrícola y del Crédito Agrícola de Habilitación, y se destinaría a la reactivación productiva de la agricultura familiar.
Miles de labriegos acamparon durante 37 días de julio y agosto del pasado año en el centro de Asunción en demanda de la ley de emergencia, así como de la condonación de sus deudas con entidades privadas y públicas.
La condonación fue aprobada por el Congreso, pero días después fue vetada por el presidente del país, Horacio Cartes. EFE
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