Rubin y González argumentan que las instituciones estatales deberían mantenerse ajenas a los vaivenes políticos, y sin embargo en cada elección son las que más cambios e inestabilidad sufren. Entienden que cada época electoral deviene en una “parálisis estatal” de la actividad laboral, dándose paso a las actividades proselitistas, donde una “gran masa” de funcionarios es “acarreada” a actividades ajenas a sus funciones para participar en actos proselitistas de manera casi obligatoria, siendo sujetos de presión.
El Art. 2º del proyecto establece, por ejemplo, que los funcionarios públicos afiliados a partidos o movimientos políticos recuperarán, automáticamente y de pleno derecho su condición de afiliados una vez que hayan cesado en sus funciones. Igualmente, contempla la posibilidad de que los funcionarios administrativos sufraguen en las elecciones generales y, al mismo tiempo, ser sujetos de elección. Es decir, deja abierta la posibilidad de ser candidato y, eventualmente, de ser elegido.
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