La acusación, que Quiñónez presentó en la sede del JEM afecta a Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, los tres magistrados de la sala penal de la Corte Suprema que el pasado 26 de julio anularon las condenas, informó la Fiscalía en un comunicado.
La acción de Quiñónez se produce cuatro días después de que la Fiscalía solicitara la nulidad de ese fallo de la Corte Suprema, al tiempo que pidió una nueva aclaratoria de la misma, después de que la primera confirmara un error en la sentencia de absolución.
La sala penal de la Corte Suprema anuló las once condenas, con penas de entre 4 y 30 años de cárcel, por los hechos ocurridos en 2012 en Curuguaty, que causaron la muerte de 17 personas, once labriegos y seis policías, y el cese del entonces presidente, Fernando Lugo.
La masacre se produjo durante el desalojo policial de una finca ocupada por campesinos.
Durante el juicio, la defensa de los campesinos acusados denunció que no existía ninguna prueba que los incriminara y pidieron su absolución, y se cuestionó además que la Fiscalía no investigara la muerte de los labriegos.
La matanza sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado, en alianza con el Partido Liberal (actual líder de la oposición), para impulsar la destitución de Lugo mediante un juicio político.
Fuente: EFE
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