«Consideramos que la comunicación fue de manera abrupta. Hay 150 niños y adolescentes que quedan sin un derecho fundamental del acceso a la educación y consideramos que no se siguieron las disposiciones legales de carácter administrativo establecido por el Ministerio de Educación», explicó el abogado. El pasado 11 de junio, los directivos anunciaron el cierre definitivo de la institución.
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