La sanción fue aplicada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas “principalmente basados en tres elementos que son: el incumplimiento de los contratos con el Ministerio de Salud, la presentación de ofertas y la provisión de productos que carecían de la autorización de la DINAVISA y por último la actuación conjunta de dos empresas vinculadas entre sí en un mismo procedimiento licitatorio que tenía como regla de adjudicación el total de la oferta”.
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