Se trata de Lorenzo Cáceres González, Alejandro Martínez Peña, Nancy Rosa Larramendia Sánchez, Fausto Vargas Rolón, Dilfrido Barrios Troche, Gustavo Centurión Martínez, Benito Giménez Fernandez y Delfina Isabel Garcete Paredes, quienes soportan el proceso por la supuesta comisión de los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana (perjuicio a reservas naturales) y transgresión a la Ley 716/96 (tala de bosques).
La representación pública pidió prisión para los encausados. La acción fue presentada ante el Juzgado Penal de Garantías de San Alberto, a cargo de la juez Nimia Dejesús Dávalos, quien admitió el proceso, según acta número 10 del 21 de julio del 2020.
Los datos manejados por el Ministerio Público, señalan que en febrero del 2020 un grupo de 15 familias, entre los que se encontraban los hoy encausados, habrían ingresado en la zona boscosa de la poligonal envolvente de la Entidad.
Una vez en el sitio, los sospechosos habrían procedido a la tala indiscriminada de árboles de especies nativas, quemas y eliminación de sotobosques; además de habilitación de picadas, construcción de precarias viviendas, entre otros delitos ecológicos. En reiteradas ocasiones, fueron sorprendidos por guardias forestales de la Entidad, a quienes incluso amenazaban con atacarlos en caso de persistir con los patrullajes.
Tras ser puesto el caso a conocimiento del Ministerio Público por la Dirección Jurídica de ITAIPU, la Fiscalía tomó intervención constatando, en reiteradas ocasiones, la veracidad del caso.
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