«La declaración dentro del proceso de control de la Contraloría, desde abril de 2019 a agosto del 2020, donde se emitieron varios informes. Es un sumario a los funcionarios de los entes binacionales. Es una asignación a los fiscales que realizan las auditorias de control. Entre diez y quince funcionarios están realizando las auditorias de gestión y deben trasladarse a Ayolas y a CDE», señaló.
«No tengo precisamente cuantos funcionarios son, es una atribución de los jueces instructores. La multa va a ser destinada al ingreso genuino de la Contraloria General», explicó.
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