El Ministerio de Agricultura había reiterado su oposición al Acuerdo Internacional Escazú, ya que supuestamente carece de fudamentos científicos. El documento fue remitido al canciller nacional Antonio Rivas.
Recalde aclaró que este acuerdo no despoja a nuestro país de su soberanía, así como también no implicaría el cierre obligatorio de las empresas que son denunciadas por algún tipo de incumplimiento.
Asimismo dijo que no se trata de una Ley Ambiental que reemplaza a las que están vigentes en nuestro país, sino que más bien obliga al Estado a proporcionar información a la ciudadanía sobre cuestiones medio ambientales.
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