Tras la salida de Vizcarra, el líder del Parlamento, Manuel Merino, asumió la Presidencia del país andino, pero a las pocas horas debió renunciar al cargo en medio de importantes protestas callejeras, que tildaban lo sucedido como un «golpe de Estado». Aquellas revueltas terminaron con dos muertos y centenares de heridos. Acto seguido, Sagasti se convirtió en el nuevo jefe de Estado y a tan solo seis días de haber tomado el control del Ejecutivo decidió nombrar a un nuevo comandante, César Augusto Cervantes, y dar de baja a 15 generales.
«Estas medidas tienen por finalidad fortalecer a la Policía», argumentó el presidente en un mensaje televisivo. De esta forma, Cervantes reemplaza a Orlando Velasco, quien estaba a cargo de la fuerza desde el 7 de agosto, aunque se encontraba de licencia médica en los momentos de los enfrentamientos callejeros.
Entre tanto, la Fiscalía local inició una investigación penal contra Merino y dos de sus ministros por la respuesta de las fuerzas de seguridad en los momentos de tensión ciudadana. Así, se intenta determinar la línea de mando entre el Gobierno y la Policía para definir a quiénes indagar en la Justicia. Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU envió una delegación a Lima para obtener información de los hechos. Sobre ello, Naciones Unidas ya destacó el «uso indebido de armas menos letales y de agentes vestidos de civil».
Fuente: RT
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