Óscar Ayala, secretario Ejecutivo de la Codehupy, explicó que en el informe de este año hicieron mayor hincapié en lo que respecta a los derechos humanos durante la pandemia. Mencionó que muchos ciudadanos fueron violentados por la fuerza pública tras las restricciones impuestas por el Gobierno.
Señaló que durante la cuarentena estricta aproximadamente 9.000 personas fueron detenidas y sometidas a procesos de manera arbitraria. Añadió que hay una gran cantidad de torturados por la fuerza pública.
Asimismo indicó que otro aspecto enfatizado en el informe fue la continua práctica de los desalojos forzosos a comunidades indígenas y a ciudadanos que viven en los asentamientos, en las cuales muchos funcionarios públicos se vieron involucrados.
Mencionó además que el informe abarca la corrupción, que desde la Codehupy consideran como uno de los puntos que ha frustrado las intenciones de tener un mejor presupuesto y administración.
Por otro lado Ramón Corvalán, mencionó que la impunidad es también uno de los problemas más importantes del país, a la que consideran como el «kupi’i» que va comiendo los cimientos del Estado.
Señaló que cuando la impunidad rebasa los límites, el Estado no puede esperar que el ciudadano común le respete, ya que el mensaje que se manda desde el Gobierno es que el que «tiene poder económico y político puede hacer lo que le interese».
Deja una respuesta