“Las instituciones públicas responsables deben proteger a las escuelas, garantizar el derecho a la educación y a la salud y hacer cumplir las leyes vigentes desde su rol institucional.”, comentó Javier Ramírez de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES).
Como respuesta a esta situación y en el marco del proyecto Alianza por el cumplimiento de las leyes ambientales nace la campaña “No fumiguen la educación”, implementada por Base Investigaciones Sociales (Base IS), la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP-PY), con el apoyo de Diakonia y la Unión Europea
A esta iniciativa se han sumado otras organizaciones como Callescuela, el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CIPAE), Vïa Campesina, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), la Coordinación Nacional de Niños niñas y adolescentes trabajadores del Paraguay (CONNATS) la Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (OTEP SN), la OTEP Auténtica , el Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ PY) y la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPY), quienes conforman la articulación Anivepefumiga.
“No fumiguen la educación” busca visibilizar este problema y movilizar a la ciudadanía en favor de las leyes ambientales que prohíben las fumigaciones en áreas
licas realicen acciones de defensa y protección integral a la comunidad educativa.
Melissa Giménez de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPY) agregó “Defendemos el desarrollo sustentable dentro del estado de derecho, que prohíbe la fumigación cercana a las escuelas, nuestro deseo es que se aplique la Ley y que los cultivos se retraigan a 200 metros, para proteger a las escuelas en Paraguay.”
Una investigación del INECIP-PY detectó que 99 escuelas están expuestas al peligro de las fumigaciones que no respetan la Ley 3742/09, arriesgando la vida de más de 8.600 niños, niñas y adolescentes y de más de 1.100 docentes, según el libro de Base IS “Escuelas Rurales Fumigadas del Paraguay. Estudio de casos en tres distritos”.
Principales hallazgos
De los 15 distritos analizados en el año 2018, en 11 se han identificado escuelas o centros educativos cercanos a cultivos extensivos. Del mapeo resultó que, de las 557 escuelas, 99 estaban a menos de 200 metros y de éstas, 51 se encontraban a menos de 100 metros, por tanto, en mayor riesgo, en caso de aplicación de los defensivos agrícolas.
Los distritos en donde se han detectado la mayor cantidad de instituciones educativas próximas a estos cultivos, menos de 100 metros de distancia, fueron: Itapúa Poty(58%), Edelira (42%), Minga Porá (36%), Guayaibí (4.48%), Arroyito (4.17%), Liberación (2.5%), y Capiibary (1.09%).
Solo el cultivo de soja, que se planta una vez al año, necesita más o menos ocho a diez fumigaciones, junto con las de trigo, sumando un total de 15 a 20 fumigaciones.
“Este es el momento de hablar sobre el tema, que el Estado reconozca a las escuelas mapeadas en los estudios y se prepare para aplicar la Ley de alejar los monocultivos a más de 200 metros en el próximo ciclo productivo.”, destacó Javier del FENAES.
Antecedentes de casos
Existen numerosas evidencias, como denuncias ante instituciones y testimonios de hechos concretos, sobre las escuelas fumigadas y el daño a la salud de la población, que tampoco fueron tratadas por las autoridades responsables, según el libro «Impunidad de delitos y contravenciones ambientales en Paraguay” y el “Informe sobre la situación ambiental en 3 localidades con denuncias ambientales”, de los abogados Jiménez, Orrego y Rodríguez, del año 2020.
Paraguay cuenta con antecedentes sobre el tema, uno de ellos es la sentencia nacional contra los productores de soja, Hernán Schelender y Alfredo Laustenger, en el caso de Silvino Talavera Villasboa de 11 años, quien murió por una intoxicación en el 2003 tras ser rociado por pesticidas cerca de su casa en la compañía de Pirapey de la ciudad de Edelira (S.D. número 0067 del 30 de junio de 2005). Ambos fueron condenados a dos años de prisión o a la sustitutiva de pagar una indemnización a la familia Talavera de 25 millones de guaraníes cada uno.
El veredicto fue confirmado por el Tribunal de Alzada y finalmente la Corte Suprema de Justicia lo ratificó y dispuso su cumplimiento (Acuerdo y Sentencia CSJ 1437 del 27 de noviembre de 2006), pero el juez de ejecución interino, César Daniel Delgadillo, decidió suspender la condena y aplicar medidas sustitutivas de limpieza dos veces al mes de las instalaciones del Centro de Salud de Pirapey, donde vivía Silvino, reforestación de especies nativas del precio del Club Social de la misma localidad y adecuación de su producción sojera a lo establecido en la Ley 294/93 de impacto ambiental.
Otro caso es la muerte de las hermanas Adela y Adelaida Álvarez, de 6 meses y 3 años respectivamente, tras haber sido alcanzadas por una fumigación el 21 de julio de 2014 en el asentamiento Huber Duré de la ciudad de Canindeyú. Los habitantes denunciaron que tras unos días de intensa fumigación en un sojal vecino, más de 30 personas fueron hospitalizadas con los mismos síntomas que presentaban las pequeñas (vómito, fiebre, mareo, dolor de cabeza y de estómago) y numerosos animales de granja murieron.
El Estado realizó una superficial investigación y desechó las denuncias de la comunidad, a pesar de las evidencias que aportaron. Los lugareños denunciaron que grandes sojeros como Pío Ramírez y Ulises Teixeira realizaban fumigaciones permanentes en el lugar, en el caso de Teixeira inclusive era aérea, afectando directamente a toda la población.
Consecuencias de las fumigaciones ilegales en la vida de niños y niñas
Numerosos estudios internacionales muestran la relación dañina entre la salud humana y la exposición a pesticidas, en particular la de niños y niñas. Según laOrganización Mundial de la Salud (OMS)“Los plaguicidas altamente peligrosos pueden causar efectos tóxicos agudos o crónicos, y plantean riesgos específicos para los niños”. Además, expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que «los niños son más vulnerables que los adultos a la exposición de sustancias tóxicas por diversos motivos. Su capacidad de eliminar las toxinas también difiere de la de los adultos. La exposición a químicos peligrosos y pesticidas puede afectar seriamente su desarrollo físico y neurológico».
A nivel nacional existen cinco estudios relevantes: 1) «Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos» (2008) de las Dras. Benítez, Macchi L. y Acosta M. ,2) “Daño celular en una población infantil potencialmente expuesta a pesticidas” (2010) de la Dra. Stella BenitezLeite, 3) “Exposición potencial a plaguicidas y evaluación de daño en el ADN a través de ensayo cometa y test de micronúcleos y nivel de colinesterasa plasmática en niños de población rural” (2019) un proyecto de la Universidad Católica de Asunción (UCA) con el apoyo de Conacyt, 4) «Casos de intoxicación aguda por plaguicidas en la colonia Puerto Pirapó, Itapúa, Paraguay” (2017) de las Dras. María Esther Pedroza, Sandra Ocampos, Rosa Galeano, Andrea Ojeda, Águeda Cabello y Dalva de DeAssis y, por último, 5) «Intoxicationbypesticides in patientsassisted at theNational Center of Toxicology of theMinistry of PublicHealth» (2006) por los Dres. Arias V, Aquino F, Delgadillo L, Ferreira J, González C, González L, Ojeda A. Pública, de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción.
Desde el 2007, el Estado paraguayo ha recibido reiteradas observaciones y recomendaciones de organismos internacionales, con relación al “uso de pesticidas” como las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, instándolo a que adopte un marco legal efectivo de protección al medio ambiente, particularmente contra la utilización indiscriminada de agrotóxicos, prevea sanciones apropiadas para los responsables y una indemnización adecuada a las personas afectadas.
Petición de firmas
En el marco de la campaña “No fumiguen la educación / Anivepefumiga escuela” se llevará a cabo una petición de firma con el objetivo de hacer cumplir las leyes vigentes. Lo que se pretende lograr es que los monocultivos se retraigan a unos 200 metros de cada escuela con el fin de salvaguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes.
En la próxima vuelta a clases, si no hacemos algo, 8.621 estudiantes y 1.167 docentes se verán obligados a asistir en guarda tóxicos en vez de sus uniformes.
La petición espera recoger unas 20.000 firmas, cada una de ella va a estar representada por un metro de distancia entre escuelas y fumigación. Para formar parte de esta solicitud sumate a la firma en http://bit.ly/NoFumiguenlaEducación
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