La magistrada rechazó los incidentes de nulidad de Acusación y de Extinción así como del sobreseimiento definitivo del intendente presentados por la defensa del acusado.
Según los antecedentes, el jefe comunal fue denunciado en octubre de 2015 por miembros de comisiones vecinales de la comuna de San Antonio por Lesión de Confianza durante el ejercicio de su gestión municipal hasta el año 2015. En ese marco, han sido presentados documentos e instrumentales que indican que el acusado no utilizó los fondos para merienda escolar, así como para construcción de aulas de los fondos del Fonacide.
El Ministerio Público pudo comprobar las irregularidades en la construcción de aulas y la provisión de merienda escolar, en las escuelas San Miguel y Oñondivepa de San Antonio. La Fiscalía colectó pericias contables y de auditoría externa que dieron un resultado final de daño patrimonial de G. 715.303.500. Además de varios informes del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
Fuente: Ministerio Público
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