“Imagínense que el servicio de seguridad del país, los policías y los militares digan ‘bueno, nosotros a partir de ahora ya nos retiramos y nos vamos, empezando a chantajear, es un servicio básico, o Salud Pública. La gente de Salud Pública claro que hace huelgas, pero los servicios básicos se mantienen, ahora en plena pandemia el transporte es público, es un bien público y es un delito”, dijo el senador.
Por otro lado, dijo que el Ministerio Público debería haber actuado de oficio y hubiesen investigado a los transportistas por perturban un bien de uso público. “hay mecanismos, que falta es firmeza, decisión y un ‘akã pete’, un estate quieto a esta gente”, manifestó.
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“Ya que el viceministro de Transporte (Pedro Britos) no se anima”, el legislador presentará este jueves sobre tablas en sesión de la Cámara Alta un proyecto de Ley que establece la cancelación de licencia de las empresas de transporte por esta práctica. Además, la normativa establece cortar el subsidio estatal y en caso de reincidencia que se les imposibilite participar de un concurso público para una licitación, por un periodo de 10 años.
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