Huttemann informó que el proyecto de Ley tiene el propósito de recoger las experiencias y poner a consideración del Congreso. Las novedades que se establecen es que todas las medidas sanitarias que están previstas en la normativa tienen que estar ligadas a distintos parámetros.
También se prevé que la autoridad de aplicación en caso de que exista una infracción a lo que establece la Ley sea el Ministerio de Salud a través de un sumario administrativo.
«La Ley también prevé en su Art. 23 una disposición que establece que todo funcionario valiéndose de su cargo lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación contra el COVID-19 será pasible de una pena privativa de libertad», manifestó. La pena privativa va hasta los 5 años.
Sin embargo, la Ley no es retroactiva, es decir, las personas que ya fueron inmunizadas irregularmente no serán sancionadas con lo que dispone esta nueva normativa. «No, la ley rige para el futuro», dijo.
«La sanción de 300 jornales se dará en los casos de aglomeración masiva, donde más riesgo de contagio hay», refirió.
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