Según el subcontralor, Augusto Paiva, el artículo 20 de la carta orgánica de la Contraloría General establece que ante la negativa de cualquier institución estatal de entregar documentanciones, pueden acudir a instancias judiciales.
Paiva señaló además que en caso de que el juez dictamine a favor de la Contraloría, pueden utilizar la fuerza pública o incluso una orden de allanamiento para acceder a los documentos que requieren para el control de los gastos sociales.
Asimismo reiteró que el Senado dio a la CGR el pazo de 60 días para verificar los documentos de las Binacionales.
Cabe recordar que Yacyretá remitió los documentos fuera del plazo establecido a la Contraloría. El equipo jurídico de la institución ahora analiza si corresponde o no al requerimiento planteado en la misión que dispuso el Senado.
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