Álvarez indicó que uno de los artículos establece que las personas no deben contar con procesos judiciales para la obtención de la tierra, un punto que considera peligroso ya que la mayoría de los labriegos cuentan con restricción judicial, imputaciones o procesos abiertos por participar de movilizaciones.
Por otro lado, mencionó que otro de los artículos determina que los ocupantes actuales de las tierras, sean cual sea el origen, pueden solicitar la titulación de las misma, lo que abre pie al blanqueamiento de las tierras malhabidas y aquellas utilizadas para agronegocio.
«Nosotros venimos hablando de que necesitamos ciertamente reformar pero para garantizar el derecho a las tierras de todos los ciudadanos y no solamente a un sector que tiene en sus manos el poder económico», expresó.
Comentó además que la modificación plantea que no se podrán otorgar tierras que sean menos de 300 hectáreas, una cuestión que considera desventajosa para el sector.
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