«Este documental lo vio un montón de personas y estoy muy contento que los paraguayos hayan visto. Se difundió en varios países pero no en Paraguay. En Francia hay unos 20 o 30 pesticidas pero son prohibidos porque tienen efectos que dañan a la salud», explicó Boudot.
La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne remitió una nota a la Unión Europea cuestionando el material audiovisual.
“Me sorprende mucho que este lobby haya intentado censurar nuestro documental porque creo que estas personas no lo han visto. Fue una sorpresa ver que hay una tentativa de censura, para ser honesto, es una cosa que no entiendo. A pesar de esto, estoy contento que miles de paraguayos consigan ver nuestro documental», afirmó.
Por su parte, la médica e investigadora, Stela Benítez sostuvo que el Estado es el responsable de garantizar el derecho a la vida. Mencionó que esta discusión no debe darse solo entre sojeros, ganaderos e investigadores sino que con el Estado.
«Tiene gente pagada con dinero público. No interviene en estas cosas, yo no le veo, veo un Estado ausente ¿es por desconocimiento o complicidad? y si es así, estamos mal», aseveró la profesional.
«Le agradezco a Martín que se haya fijado en Paraguay y más aún cuando se comunicó conmigo. A través de Martin, analizamos el cabello de un grupo de niños de una colonia en Paraguay y detectamos la exposición directa de los mismos a los pesticidas. Lo que hizo Martin fue mostrar los resultados que él con la TV Pública francesa habíamos encontrado en esos niños. Dio la misma proporción de daño en el material genético que dos años antes», manifestó.
El abogado e investigador, Hugo Valiente recordó el caso de Rubén Portillo, el joven campesino que falleció en el 2011 a consecuencia de fumigación con agrotóxicos.
«Fui abogado del caso de Ruben Portillo, se trata de un joven campesino que en plena época de fumigación de los sojales presentó síntomas de intoxicación aguda por pesticidas con otras 22 personas, él falleció. La investigación fiscal fue un monumento a la corrupción, se perdieron evidencias y se malogró información para que no haya ningún responsable», lamentó.
«Llevamos a instancias internacionales y se juzgó la responsabilidad del Estado y qué hizo con la denuncia. El resultado final fue una condena para Paraguay por violar el derecho a la vida. Acá en Paraguay se le dio un silencio informativo brutal. Este hecho ocurrió en el año 2019, pero ahora es un precedente», contó.
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