Caso Petropar: Acusan a Patricia Samudio y a su esposo por lesión de confianza y piden juicio oral

El fiscal Silvio Corbeta manifestó que el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de prueba que indican que Samudio autorizó por compra directa, vía excepción con recursos propios de Petropar,  la compra de insumos valiéndose de la  declaración de emergencia sanitaria en relación a lucha contra el COVID-19.

De acuerdo al reporte de Ministerio Público, la extitular del ente consintió la compra  de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas N°95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros, 30 unidades de pallets, 15 unidades de termómetro láser, 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades media máscara para 2 cartuchos, 200 cajas de cartuchos,  1.000 unidades de bidones de 5 litros. Así como las adquisiciones  de 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la Institución, con excepción del ítems N °6  consistentes en 400 mamelucos descartables de PVC, y 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 adquiridas que sí ingresaron. A más de detectarse la ausencia de estas mercaderías  en el patrimonio del ente en contraprestación de lo abonado, la extitular de Petropar compró todos estos productos inexistentes por precios muy superiores al precio  real del mercado, es decir todos sobre facturados.

Todas las operaciones de compras estuvo a cargo de la Dirección Operativa de Contrataciones de Petropar, “montaje para justificar y legitimar el desembolso de dicha suma de dinero  del ente a cargo de Delia Patricia Samudio Torras, en connivencia con los  propietarios de las empresas proveedoras, quienes prestaron su firma y toda su estructura para  lograr el perjuicio patrimonial a Petropar”, indica el informe de la Fiscalía.

Todas estas operaciones de compra fueron basadas  en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas  impuestas en ese carácter, en el  contexto de la mitigación a la propagación del COVID-19.

Los fiscales solicitaron la elevación de la causa a juicio oral.

 


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