Con la llegada de la pandemia se tuvieron que implementar protocolos para mitigar el contagio del COVID-19. Dijo que algunos fueron puestos a trabajar de manera a distancia, pero que la respuesta no es igual que el trabajo presencial. Dijo que en la sede central tiene 700 funcionarios, de los cuales 60 a 70 están “exceptuados”.
Dijo que plantearon a la Corte Suprema de Justicia la contratación de más funcionarios. Ante esto la Corte está realizando una auditoría en Registro Público y al finalizar dicha auditoría se van a revelar los requerimientos que tiene la institución, indicó.
“Estamos con un atraso, pero que va de un mes y medio a dos, con excepción de escrituras públicas que ingresaron, por ejemplo, en cualquier mes del años pasado y que salieron observadas por la falta de un requisito subsanable y que no ha reingresado el escribano o que reingresó después de un año”, señaló.
Ante esto, aseguró que no intenta evadir ninguna responsabilidad institucional. Sin embargo, señaló que “hay mucha gente que por lo visto tiene la bola de cristal en decir a sus requirentes, al cliente, ‘no, acá no va a salir’”. Agregó que esta situación se presta a que algunos aprovechen para pedir dinero “porque le dicen ‘salvo que pagues a tal, seguro te va a salir más temprano que tarde’”.
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