“La Fiscalía hace un desalojo exprés a comunidades de 15 o 20 años, esto se convirtió en un negocio para la Fiscalía y la Policía. Esta situación lleva a arbitrariedades con la constitución de la Fiscalía en los inmuebles y desalojo, vemos lo que pasa con las comunidades indígenas y campesinas”, sostuvo.
“Los propietarios en el momento de la ocupación tienen todo el derecho de recurrir a la Policía Nacional y a la Fiscalía y pedir el cese de esa ocupación. Lo que estamos planteando es que deje de ser un negocio porque en estos momento como esta es un negocio para la Fiscalía y ciertos sectores, por eso la reacción generalizada”, afirmó.
Santacruz aseguró que desde la Comisión de Reforma Agraria promoverán un amplio debate sobre este tema. «Yo no voy a entrar en el juego de Zavala y de Rasmussen de descalificar porque demasiadas cosas hay para decir. Acá hace falta debatir sobre estos temas», expresó.
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