Rodríguez mencionó que el INDI no solo notificó a Giuzzio que las 1364 hectáreas pertenecen al Estado, sino que a la jueza que decidió el desalojo, así como también la fiscala del caso y al comandante de la Policía de Alto Paraná, pero que de igual manera continuaron desalojaron violentamente a los indígenas.
Agregó además que el desalojo lo hicieron a favor de una exfiscala marcaria, suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, identificada como Liz Carolina Alfonso, a quien funcionarios «inescrupulosos» del INDI y del INDERT le expiden documentos para que pueda poseer dicha propiedad.
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