«A ella le despidieron en octubre porque no puede trabajar de manera presencial. Tenemos que hacer malabarismo para que ella tenga atención médica. El COVID puede ser mortal para ella. Yo recurrí a una abogada amiga para presentar el amparo. Mi hija hace 15 meses que esta encerrada para que no se contagie», lamentó.
«No sé por qué la jueza se encapricha y le niega el derecho a la vida a mi hija y por eso apelé. Es inaudito, yo no estoy litigando pero dijeron que debo pagar G. 15 millones en concepto de costes. La sentencia de la jueza es una cosa descabellada, dice que ella puede seguir esperando. No entiendo ¿por qué el forense no consultó con la doctora de mi hija? porque en Paraguay no hay especialistas porque es una enfermedad rara lo que tiene», sostuvo.
La misma afirmó que tanto ella como su esposo están dispuestos a ceder sus dosis de vacunas contra el COVID con el fin de que su hija sea inoculada.
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