Bogado mencionó que las 271 empresas representan en total 1.408 funcionarios, cuyos sueldos eran pagados por el IPS a través de las compensaciones económicas o en algunos casos la firma pagaba una pequeña parte y el resto la previsional, a pesar de que estas empresas seguían generando ingresos.
Señaló además que para el mes de julio tendrán los primeros resultados de las investigación, ya que los procesos se están llevando a cabo en base a denuncias anónimas que recibieron y los cruzamientos de datos de las empresas que pidieron las suspensiones con los del Ministerio de Hacienda en cuanto a la facturación de las mismas.
«Esto va a estar sujeto a un sumario administrativo, luego jurídico y tiene a su cargo la devolución del dinero», acotó Bogado.
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