Por otro lado, manifestó que una vez que tengan el dictamen de asesoría jurídica de Cetrapam y de otros gremios decidirán si renunciarán al subsidio estatal y comenzarán a cobrar el precio de acuerdo a la tarifa técnica: 3.338 en buses convencionales y G. 5.087 en buses diferenciales.
“(Con) lo que no estamos de acuerdo en la desidia administrativa con que se mueve la autoridad de aplicación para pagar lo que se ha comprometido vía decreto”, dijo. En ese sentido reiteró que hay un saldo de retraso con el sector de transporte de cuatro meses: abril, mayo, junio y julio, y aún falta analizar el del mes de agosto.
«Yo no estoy encontrando ninguna justificación válida y no importa lo que dicen, lo que importa es lo que puedan demostrar documentalmente», manifestó.
Con la implementación del billetaje electrónico, los ómnibus son monitoreados constantemente por el Viceministerio de Transporte, aseguró. En ese sentido, sostuvo que “tenemos el derecho de cobrar lo que se tiene que cobrar”. Asimismo, dijo que el Viceministerio no puede exigir que ellos cumplan porque tampoco cumplió con el sector.
“El comportamiento que tiene (el viceministro de Transportes, Víctor Sánchez) apunta única y exclusivamente a perjudicar a 500.000 personas por día que serán las que terminarán pagando el pasaje por culpa de su desidia, no de él, de su entorno porque él no es el único”, refirió respecto a la gestión del viceministro.
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