«A partir de una Ley complementaria fueron asignados USD 1 millón a cada una de las gobernaciones y la SENAC y la Auditoría del Poder Ejecutivo viene realizando una sistematización de las rendiciones de cuentas que las entidades del Poder Ejecutivo están obligadas a presentar ante la Comisión Bicameral del Control de Fondos Covid y en 2021 se incorporaron las gobernaciones que recibieron estos fondos de la Ley complementaria», añadió.
«Hicimos un análisis técnico administrativo, aplicamos las normas internacionales de auditoría en cuanto a la revisión documental e in -situ con la normativa de la ejecución de los fondos y eso plasmamos en el informe y confirmamos que hay inconsistencia en el uso de los fondos denunciados penalmente», expresó Fernández. Asimismo mencionó que constataron la utilización de supuestos documentos apócrifos y la desprolija documentación que sustentarían las obras que se han realizado.
Asimismo mencionó que González optó por la transferencia de los fondos a empresas del sector privado, incumpliendo con los principio de la contratación público. Reafirmó nuevamente que el gobernador es el único custodio y garante del dinero transferido, por lo que debe supervisar la correcta ejecución del mismo.
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