El caso es liderado por el fiscal Jalil Rachid, asignado a la Unidad Penal I, especializada en delitos contra el medio ambiente. La investigación busca recabar datos sobre los hechos de perjuicio a la cuenca del lago que fueron constatados por Rafael Sosa, director general de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente.
El caso pudo ser detectado gracias a la denuncia realizada por una persona en la página web de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacarai y su Cuenca (CONALAYPA).
“El caso fue denunciado por una persona en nuestra página en donde informaba que el municipio había cambiado su Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT) sin Declaración de Impacto Ambiental y violando la Zonificación establecida por el MADES para el Área Silvestre Protegida”, explicó Renato Máas, director de la CONALAYPA.
Máas indicó también que el hecho fue constatado por el MADES y que incluso pidieron un informe al entonces intendente Luis Aguilar, sobre los supuestos cambios en el POUT del municipio.
“Desde la CONALAYPA estamos trabajando para que tanto la ciudadanía como las instituciones cumplan con las normativas vigentes en torno a la cuenca del lago”, explicó.
El mismo detalló además que tras haber solicitado los informes al municipio de San Bernardino, procedieron a trasladar la denuncia ante el Ministerio Público, conforme lo establece la ley de creación de la comisión.
También dijo que la modificación Plan de Ordenamiento Urbano Territorial y Ambiental del municipio, podría incurrir en una violación de la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental y la Ley 352/14 de áreas silvestres protegidas y pone en riesgo zonas críticas de protección ambiental para la recuperación del Lago.
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