Ortega indicó que los pedidos de la Contraloría hacen referencia a los estados contables y financieros de Intaipú, así como también de la información referente a la utilización de los fondos sociales. La Binacional había expresado que no estaba a favor de la auditoría la primera vez que le fueron solicitados los documentos, pero en la segunda oportunidad se llamó a silencio, mencionó.
Asimismo dijo que con la decisión del subcontralor, la Contraloría está dando cumplimiento a la Ley 6763 dictada por el Congreso Nacional este año. En su artículo 3 establece que una vez vencido el plazo para que las entidades presenten la documentación requerida para la auditoría se puede solicitar una intervención judicial.
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