Riera sostuvo que dicha resolución de la institución es un atentado en contra del secreto profesional. “De ser los últimos bastiones de la defensa de libertad de las personas, pasamos a ser los primeros delatores”, afirmó.
“El reglamento no es para la operación, es para el abogado. Por el hecho de tener titulo soy automáticamente sospechado de atender a gente sospechada, es inquisitivo. Independientemente de la obligación de denunciar, reportar, sospechar o investigar, por el otro lado tengo el código procesal, civil y laboral que protege el secreto profesional, el penal de fondo sanciona el incumplimiento con pena privativa de libertad”, aseveró.
Como medida cautelar solicitaron la suspensión de la resolución cuestionada que fue dictada en el 2021, a fin de prevenir el lavado de dinero.
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