Acusan que Godoy ha hecho una interpretación antojadiza del artículo 21 de la Ley N° 4013/10 que reglamenta la objeción de conciencia, con el único fin de recaudar ilegalmente, aprovechándose del desconocimiento y desesperación de personas que deben presentar el certificado de objetor para acceder a un puesto de trabajo y otras gestiones.
Relatan que durante la pandemia él mismo se dedicó a recaudar en colonias menonitas y en el presente año comunicó a empresas que sus empleados debían presentar el carnet de objetor en caso de no haber realizado el SMO y la supuesta obligación de abonar una contribución.
Alteración de la ley
Esta ley rige únicamente para quienes se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la referida ley en junio de 2010. Acompañan dicha comunicación con un material de “difusión de la ley 4013/10” donde se altera el texto vigente del artículo 21, de tal forma a que se entienda que efectivamente deben abonar la contribución prevista en el artículo en cuestión.
La denuncia es por el tipo penal de exacción el cual tiene una expectativa de pena de hasta 10 años, la abogada espera que el Ministerio Público actúe sobre está acusación.
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