El edil explicó que entre las obras que aparecen como culminadas en el 2021 bajo documentos la mayoría empezó a realizarse en el 2022. Sobre los contratos privados especificó que pertenecen a una empresa que no contó con el aval de la Junta Municipal, los mismos ascenderían a G. 12 mil millones y de los fondos del fonacide a G. 6.000 millones.
Acotó que la denuncia ya fue presentada a la Fiscalía contra Delitos Económicos a cargo del fiscal Óscar Delfino en abril pasado y solicitan la intervención y auditoría de la Contraloría General de la República para investigar las acusaciones.
«Habíamos presentado una denuncia penal que está a cargo del fiscal Óscar Delfino, de la Fiscalía contra Delitos Económicos. Hemos detectado irregularidades como por ejemplo ninguna documentación que ha presentado Estigarribia en su rendición de cuenta anual, se aprobó la rendición del 2021 a libro cerrado porque tiene mayoría de concejales (ocho)”, señaló.
“No hemos accedido a ningún documento que inválida totalmente la gestión del 2021, también accedimos a través de información pública a documentos de rendición de cuenta en auditoría del Poder Ejecutivo de fondos provenientes del Fonacide donde el intendente ha presentado documentos con contenido falso, que se trata de obras que ha pagado y se ha hecho en el 2021 y las mismas empezaron en el 2022”, indicó.
“Hemos accedido (también) a autorizaciones irregulares, como por ejemplo en el caso de una empresa que se dedica a la recolección de basuras, empresa tercerizada que hizo una operación aproximada de G. 6.600 millones con la firma de la petrolera estatal (Petropar). Para nosotros es irregular porque una empresa con esa magnitud no la tiene y cuyo propietario es un exfuncionario municipal”, expresó.
“También por información pública vemos que se ha llamado y realizado 92 compras públicas de bienes y servicios que no han pasado por contrataciones públicas, es decir no se ha convocado y la gente no puede saber qué obras se iban a hacer en el 2021 y que ha conseguido (beneficiar) a dos o tres empresas amigas. Tosas esas irregularidad hacen que hoy presentemos una carpeta solicitando la fiscalización inmediata a la Contraloría General de la República”, aseveró.
“Nosotros estamos convencidos de esta denuncia, si queremos cuantificar estamos hablando de dos contratos con Petropar que son G. 6.600 millones, las compras públicas que se han realizado son G. 6.000 millones. Son sumas dinerarias y muy grandes que si la Contraloría no investiga podría establecer daños patrimoniales muy serios (G. 18.000 millones)”, concluyó.
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