“La denuncia fue formulada por la empresa de créditos Fast Credit que firmó un convenio con la Asociación de Funcionarios de la ESSAP por el cual otorgaban préstamos a personas que fueran asociadas y funcionarias de la institución”, comentó.
“Los trámites se iniciaron de forma regular. Los asociados pedían créditos que iban de G. 5 a 10 millones. El presidente de la Asociación admitía las órdenes de créditos y ese listado enviaba a la empresa de créditos que otorgaban los préstamos a las personas”, continúo relatando.
“Hasta que en el mes de marzo a raíz de que por circular de la ESSAP se manifestó que no realizarán descuentos a sus funcionarios por cuotas sociales ni de préstamos que tuviesen con casas comerciales”, dijo.
“La empresa ya no podía cobrar el monto de las cuotas de préstamos que había otorgado a los funcionarios de la ESSAP. Intentaron contactar directamente con las personas y no pudieron, dado que los domicilios que figuraban eran en sede de la institución. Comenzaron a indagar y tomaron conocimiento de que aparentemente esas personas no eran funcionarios”, refirió.
“Hay un gran volumen de documentaciones y lo más posible es que se tengan que peritar las firmas estampadas. No formulé aún una imputación en contra del mismo (Carlos Alberto Franco). La primera decisión fue hacer el allanamiento y no pedir aún datos a la ESSAP justamente para evitar fugas de información. Voy a corroborar otros extremos de la denuncia”, señaló.
Deja una respuesta