El documento busca actualizar la legislación vigente, teniendo en cuenta el nuevo escenario tras la pandemia de Covid-19, mediante la mejora del gasto público, a partir de compras más eficientes y evitando adquisiciones innecesarias.
La propuesta consta de 161 artículos donde se abordan importantes temas como el conflicto de intereses; las prohibiciones para participar en licitaciones; las contrataciones que incluyan a pequeñas y medianas empresas, a las que les serán otorgados procesos de menor cuantía; exclusividad para contrataciones nacionales; consultorías; entre otros puntos.
El objetivo es establecer bases fundamentales del sistema Nacional de Suministro Público, y regularlo, con la finalidad de asegurar el aprovisionamiento y la trazabilidad de la gestión eficiente de los bienes, servicios, consultorías y obras públicas que requieran las instituciones del Estado para el cumplimiento de sus metas y objetivos, tanto estratégicos como operativos.
Según el Poder Ejecutivo, esto dotará al Estado de los instrumentos necesarios para que las adquisiciones se realicen en forma eficiente, oportuna y transparente.
Cabe mencionar que el diseño del proyecto fue un trabajo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; el Ministerio de Hacienda; y la Secretaría Técnica de Planificación.
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