Para el MNP la nueva condena internacional es un faro de atención para las instituciones del Estado: “se declara a Paraguay internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio del señor Jorge Luis López Sosa. Debido a las torturas a las que fue sometido y a las posteriores fallas ocurridas en el marco del proceso penal iniciado a raíz de la denuncia interpuesta por él”.
El MNP considera la sentencia como una oportunidad para recordar y respaldar las iniciativas de prevención de la tortura y defensa de los derechos humanos dentro de las instituciones públicas; que las denuncias sean investigadas y se garantice la no impunidad.
Entre las garantías de no repetición se resalta la obligación impuesta al Estado de diseñar e implementar un programa de capacitación para cuerpos de seguridad, jueces y fiscales sobre los estándares interamericanos en materia de prohibición, prevención e investigación de actos de tortura, y que debe incorporarse de manera permanente dicho programa a la formación de los funcionarios mencionados.
La condena establece además una reparación material por los daños ocasionados al denunciante y que, en un plazo razonable se debe continuar la sustanciación del proceso penal en curso y sancionar a los responsables por los hechos de tortura. Jorge Luis López Sosa fue detenido ilegalmente dentro de un estado de excepción en el año 2000 y fue torturado por efectivos de la policía nacional.