El plan de búsqueda es el proyecto más importante del Gobierno de Boric y ha sido preparado con meses de anticipación. Está destinado a conocer las circunstancias y el tránsito por el que pasaron las personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas por la dictadura de Pinochet, y hacer un trazado y cotejar los datos con los cientos de investigaciones judiciales que aún siguen abiertas en los tribunales chilenos.
Durante la dictadura, que se prolongó por 17 años (1973-1990), al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer. De acuerdo con la información que recopiló el Ministerio de Justicia, 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada y de ellas, 1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas.
Aún hay 377 personas ejecutadas cuyos cuerpos no han sido entregados a sus familias, mientras que solo 307 víctimas de desaparición forzada han sido identificadas. “Esa cifra nos debe doler, nos debe hacer arder la sangre porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad”, dijo el mandatario. “Con esta política pública, que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible para esclarecer las circunstancias de desaparición y / o muerte, y el destino final de los y las compatriotas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”, agregó.
Boric recordó en su discurso las recientes sentencias que han emanado desde la Corte Suprema, entre ellas la del cantautor chileno Víctor Jara, en la que se condenó a siete exmilitares por su secuestro y homicidio. “La justicia ha tardado demasiado. Por cierto, hay que valorar a los jueces valientes y a quienes hasta hoy siguen empujando, pero cuando pensamos que ayer, no metafóricamente, en los últimos días de agosto de 2023 emanan sentencias que condenan a autores materiales de crímenes como el de los asesores de La Moneda o el de Víctor Jara, uno se pregunta también, y es un deber del Estado preguntárselo, que no lo enseñan en las aulas de las facultades de Derecho: si la justicia es tal, cuando no es oportuna, es mejor que llegue a que no llegue, pero algo pasó en el camino y que haya pasado no significa que tengamos que olvidarlo”.
“Por eso hoy estamos acá y decimos que este, lo que estamos haciendo hoy, es un gesto de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana es conocer toda la verdad”, añadió. Y agregó que son no solo gestos, sino “políticas públicas concretas y con financiamiento”, pues “tenemos la convicción que son necesarios para contar con democracias robustas que se puedan proyectar con coraje hacia el futuro”.
Durante la ceremonia, antecedieron al mandatario, las presidentas de Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira. El Plan de Búsqueda ha sido presentado el 30 de agosto, el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas.
Fuente: El País