«La posición del Poder Ejecutivo fue clara, primero decidió vetar la ley, luego instruyó para que inicien las acciones legales correspondientes y luego nos ratificó la confianza y voluntad de ejecutar las órdenes judiciales cualquiera sean ellas», expresó Riera.
«Obviamente estos son problemas de vieja data y hay dificultades para solucionar, apenas se tenga la orden judicial (se realizará el desalojo de la zona), si el juez ordena desalojar todas las hectáreas se debe cumplir», añadió.
«Lo que necesitamos es una orden judicial que nos diga qué vamos a hacer», concluyó Riera.