«La inconstitucionalidad ataca el decreto. El juramento es una derivación de este. El decreto de Peña nombra a Pucheta y Martínez para un cargo cuyo mandato se inició recién en marzo de este año y dura 3 años. Es la interrupción de un mandado de carácter constitucional. La interrupción viola una serie de cuestiones institucionales. Hay una vulneración del Estado de Derecho, sostuvo Rolón.
«Hay una cuestión fáctica y legal. El consejo no comunicó el fenecimiento porque no existía fenecimiento ni vacancia definitiva. Es obligatoria por ley en el art 8. Se rompe el equilibro de control entre poderes», argumentó.
«Es un nombramiento por capricho, ineptitud o descuido del presidente. El mandato de Seifart se inició en Marzo y vence en marzo del 2023. Cabrera estaba ocupando, nombrado por Cartes, quién estuvo ocupando de manera ilegal y nadie dijo nada. Es responsabilidad de Abdo y de Cabrera», apuntó.