Uno de los puntos del proyecto contempla un superintendente que será subordinado directo del Banco Central del Paraguay (BCP). Halley cuestiona que ellos no tienen atribuciones constitucionales para administrar la seguridad social ni para diseñar la política de inversiones del sistema de seguridad social.
«Nosotros los jubilados y los asegurados estamos de acuerdo con un control, queremos un buen control, pero un control sobre un tema de este tipo tiene que partir de algo demasiado fundamental que se llama consenso de las bases y de todos los actores sociales involucrados. Este proyecto que se presentó adolece de muchos efectos de forma y de fondo», expresó.
El presidente de la Unión de Jubilados del Paraguay insistió en que este trabajo no puede estar a cargo de una sola institución y que se debe consensuar por el bienestar de los jubilados.
«De forma fue consensuado por el Ministerio de Trabajo con 4 personas que son los dirigentes de las centrales obreras, que están hace año vegetando en esos cargos sin hacer gran cosa por los trabajadores, son los que dieron ese acuerdo y sin el consentimiento de los sindicatos de base a los que representan, por eso hay se levantan los 70 sindicatos que hoy le dicen por qué firmaste algo que no te autorizamos. Ese acuerdo no tiene la firma de las bases», finalizó.