“El artículo 10 decía que las entidades de jubilaciones y pensiones pueden otorgar préstamos a sus afiliados y pensionados. Se modifica eso y dice, préstamos al afiliado, jubilado, pensionado y funcionario, conforme a la carta orgánica”, dijo Maidana, agregando que era una preocupación de los trabajadores de la ANDE.
Asimismo, habló de otra modificación en el artículo 31 que menciona que ni los funcionarios de la Superintendencia ni los interventores podrán ser sometidos a juicios por acciones en el ejercicio de sus funciones. La nueva propuesta dice que las acciones de estos podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de su intervención.
“Yo soy partidario de que como cualquier otro ciudadano puede ser investigado en cualquier momento. Si el presidente de la República puede ser investigado, entonces un funcionario público también”, refirió el legislador.
Por otro lado, el artículo 36 habla de las sanciones a las personas físicas; multas, remoción del cargo, inhabilitación en el ejercicio de la función pública y cancelación de la autorización o equivalente en el registro del BCP. Este último se cambia y queda como, cancelación de la autorización o equivalente en el registro de la Superintendencia, es decir; quitar de la órbita al BCP, como fue pedido de varias centrales sindicales.
El artículo 42 habla de la determinación transitoria de los límites máximos de inversión y el artículo 43 donde se deja claramente de que IPS va a seguir teniendo su autonomía como las demás cajas restantes, concluyó Maidana.