El presidente de Argentina, Javier Milei, ha decretado la baja de alrededor de 7 mil funcionarios públicos que ingresaron este 2023, y también ha ordenado un análisis exhaustivo de aquellos que cumplen funciones antes del inicio del 2023. Esta medida forma parte de su plan para reducir la estructura del Estado, una de las promesas centrales de su campaña.
Por otro lado, en Paraguay se debate la ampliación del Congreso Nacional con el fin de contratar más funcionarios públicos, según expresó el senador Silvio “Beto” Ovelar en recientes declaraciones a la prensa, lo que ha generado controversia en la población.
De acuerdo con las remuneraciones por cargo previstas para la Cámara de Diputados y Senadores en el Presupuesto General de la Nación 2024, se contabilizan 2.270 funcionarios para ambos cuerpos legislativos, que conjuntamente tienen 125 legisladores (45 senadores y 80 diputados). Además, se tienen a otros 600 funcionarios que dependen del Congreso Nacional. Si se suman todos estos cargos, se tiene un total de 2.870 funcionarios. Si se dividiera la cantidad de funcionarios públicos de ambas cámaras por la cantidad de congresistas, se tienen 18 funcionarios para cada legislador.
En Argentina, la medida de reducción de funcionarios públicos ha sido oficializada a través del Decreto 84/2023, el cual excluye únicamente a aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.
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Por su parte, a nivel local, el ministro de Justicia, Ángel Barchini impulsa una declaración de emergencia que le permita contratar más funcionarios. Con el proyecto de emergencia, el Ministerio de Economía tendría que dar prioridad a los requerimientos de Justicia para la transferencia de créditos presupuestarios.