En su momento, la legisladora afirmó, «hoy a la tarde me pasaron el proyecto de Ley, tengo que sentarme a leer, quiero ver qué es lo que están queriendo hacer a las apuradas en enero. Mi primera sospecha luego es que se trata de una turbiedad por la celeridad y la fecha en la que presentan, siendo que tuvimos seis meses de año parlamentario para analizar y no presentar a las apuradas en enero. Creo que quieren una extraordinaria la próxima semana, o sea que estamos en cosas turbias. No les creo nada, así fue con el tema de la jubilación y con otras cuestiones».
La senadora Paredes también cuestionó la credibilidad de los proponentes del proyecto, alegando que la ciudadanía está cansada de decisiones tomadas apresuradamente por un grupo político mayoritario. Se refirió a ellos como «una aplanadora colorada y sus satélites que aprovechándose de una mayoría coyuntural buscan aprobar cuestiones que son intereses particulares de un grupo político».
Además, hizo hincapié en la falta de cumplimiento de leyes existentes, como la Ley de la Función Pública, y señaló la presencia de parientes directos de congresistas en el Congreso como un caso de tráfico de influencias. Afirmó, «ya existe la Ley de la función pública que nunca se cumplió. Estos congresistas que meten a sus parientes directos en el Congreso, es mínimo tráfico de influencia. Les puedo asegurar que si Juan Pérez va al Congreso, ni siquiera le va a recibir Raúl Latorre. No tiene sentido una nueva Ley, estamos sumergidos en miles de leyes que nadie cumple. Ellos no van a cumplir lo que dice la Ley”.
Finalmente, la senadora Paredes instó a una revisión integral de la situación, sugiriendo que se debería «hacer una barrida general» para eliminar la presencia de parientes en el Congreso antes de considerar la aprobación de nuevas leyes.
Expresó su frustración, afirmando: «Nos hacen perder el tiempo ¿Por qué no hacen una barrida general? Que saquen de una a toda la parentela y después vamos a creer en su intención política.
El proyecto de ley de carrera del servicio civil, busca regular los ingresos y ascensos en la función pública, además de evitar los casos de nepotismo. En ese sentido, el presidente de la República, Santiago Peña, había declarado que es necesario una ley de servicio civil que establezca reglas claras en la administración pública.