Adalberto Arévalos, Claudeline Yudice, Alberto Vargas, Édgar Ramón Cáceres, Fredy Núñez, fueron las personas procesadas desde el 2018, por delitos en perjuicio de G. 285 millones. Los mismos ejercieron cargos ejecutivos dentro de la Asociación de funcionarios de la Contraloría, desde el año 2013 al 2017.
“Este juicio lo iniciamos a principios del mes de diciembre del año pasado y fue un juicio largo con una carga probatoria bien nutrida, pero esa carga probatoria no se tradujo en una carga probatoria documental clara a los efectos de deslindar o atribuir responsabilidades penales a cada una de estas personas”, expresó el magistrado.
Explicó que el Derecho Procesal Penal exige el cumplimiento de determinados estándares probatorios, a los efectos de que las personas sean condenados. “El Tribunal de Sentencia de forma unánime ha resuelto que los 3 tipos penales atribuidos no cumplen con los elementos objetivos y subjetivos que exige la norma para tener por acreditado. No se ha demostrado la acusación, la responsabilidad penal que se le atribuía a cadas una de estas personas”, explicó.