En un reciente incidente, una empresa de telefonía sufrió un ataque de ransomware, un tipo de ataque cibernético en el cual los datos informáticos de la empresa son secuestrados y cifrados por cibercriminales que ponen a la venta estos datos en la Depp web.
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Gómez resaltó la importancia de conocer quién maneja nuestros datos y a quién acudir en caso de vulneraciones, instando a las empresas a alertar a los clientes sobre posibles riesgos y la necesidad de tomar medidas preventivas, como cambiar contraseñas.
“En años anteriores se reportaron varios casos de vulneraciones de datos, incluso de instituciones estatales. Cuando hablamos de ciberseguridad, nos tiene que involucrar a todos», acotó el especialista.
El especialista advirtió sobre la falta de una legislación específica en Paraguay para la protección de datos y la ausencia de un plan nacional de ciberseguridad, lo que expone al país a un alto riesgo de vulneraciones.
Asimismo, Gómez señaló que en el mercado negro, los datos filtrados se venden a precios que varían según el volumen de la filtración, lo que subraya la gravedad del problema.
“En Paraguay no tenemos una Ley de protección de datos, tampoco un Plan Nacional de ciberseguridad y tampoco tenemos una política que obligue al Estado e instituciones a aunar esfuerzos, lo que está pasando es que somos muy expuestos a estas vulneraciones», argumentó Gómez.
El abogado hizo un llamado al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para que atienda las demandas de la población y los sectores privados en la formulación de una política integral de ciberseguridad, con un enfoque centrado en las personas.
«Nosotros necesitamos que el MITIC abra las puertas y responda a todos los intereses. Que escuche a los privados, pero también escuche a la población. Necesitamos una política de ciberseguridad que se enfoque en las personas», remarcó.
Finalmente, el experto enfatizó la necesidad de una pronta aprobación de una Ley de Protección de Datos Personales en Paraguay, subrayando que el país es uno de los pocos en Latinoamérica que carece de esta legislación.
«Exigimos una Ley de protección de datos. En el mercado negro estos datos se venden desde 10 a 1000 dólares según el volumen de las filtraciones. Es muy preocupante, porque no tenemos una respuesta integral. Y desde el Ejecutivo minimizan el asunto», lamentó el abogado.