Refirió que la situación es grave y que no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo, en el sentido de que, desde diciembre no se pagan los beneficios a una gran cantidad de funcionarios.
“La Caja Municipal viene a ser como el IPS de los empleados municipales”, explicó y agregó que los 262 intendentes están obligados a inscribir a sus funcionarios en la caja y a la vez, aportar. Lamentó que solo unas 20 municipalidades estén al día con los pagos.
Halley dijo que los respectivos intendentes se exponen a 5 años de pena privativa de libertad o multas, según Ley 5.655 del 2015. “Esa situación de cobrarle al funcionario, recaudar y no transferir, es un delito”, apuntó, haciendo referencia a que se está repitiendo la misma crisis de la caja bancaria en el año 2000, donde la caja también dejó de pagar.
“La solución es que las intendencias se pongan al día con sus obligaciones. Una caja no puede vivir así, cuando uno adquiere una jubilación, es un derecho constitucional, humano y fundamental, tenés que cobrar como sea”, dijo el abogado a Ñandutí. Manifestó que la auditoria que se está pidiendo es a los efectos de ver como se encuentra el enfermo, pero que esta, no es la cura.
Por último, indicó que hasta el año 1992, con la modificación constitucional, las intendencias estaban controladas por el Ministerio del Interior, pero que a raíz de la autonomía que se les otorgó, hacían lo que querían. “Descontaban a funcionarios y en lugar de transferir a la caja municipal, usan para campañas políticas, empedrar la zona o lucirse en un acto público”, remató.