El profesional explicó que al mirar los informes que producen las calificadoras, todas dicen que Paraguay anda bien económicamente, pero que debe cuidar su inconstitucionalidad. Dijo que todo lo que implica formalmente, implica la obligación de contrato. “Tenemos el riesgo de perder el grado de inversión por este tipo de decisiones que se toman”, manifestó.
“Los cambios institucionales generan problemas en la obligación de contrato, genera una presunción de que en algún momento dado no va a funcionar y reduce el nivel de transacción. Es por eso que estas calificadoras de riesgos quieren que quitemos normas y leyes y la cumplamos; y que los organizamos encargados de obligarlas, funcionen bien”, puntualizó.
Sostuvo que lo sucedido en el Senado no pasó desapercibido a nivel internacional. “Que hayan sacado una norma en diciembre y luego se haya borrado con el codo porque no les convenía a la gente que quería sacarle a Kattya y cambiaron las normas, dos meses después; esto está anotado en libros internacionales”, expresó.

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