A pesar de la solicitud de desestimación formulada por la Fiscalía, el juez Otazú decidió mantener abierta la investigación tras analizar detalladamente la información proporcionada por el Ministerio Público.
Según sus declaraciones, «la Fiscalía, luego de llevar a cabo la investigación, llegó a la conclusión de que no se reunían los elementos necesarios para llevar adelante un proceso penal».
Explicó que la carpeta pasó entonces a manos del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien recibirá el expediente para continuar evaluándolo. Aunque el próximo trámite será esperar el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado, el juez Otazú está seguro de que «no existe ya diligencia pendiente que se pueda realizar, que ya han agotado esa instancia».
La investigación se originó como consecuencia de una conferencia de prensa realizada el 12 de agosto del 2022 por el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, quien comunicó a la ciudadanía la supuesta participación del exvicepresidente en actos de corrupción, específicamente un supuesto ofrecimiento de dinero realizado a un funcionario público a través del ex asesor jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte.
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