Escalada argumentó que el hecho atribuido a Portillo, no hace referencia a su calidad de periodista, sino que la investigación se realizó en su calidad de “instigadora”, durante una protesta contra la gestión de la jefa comunal de la ciudad.
Sostuve que a través de videos de circuitos cerrados, se pudo individualizar a la comunicadora, supuestamente alentando a un grupo de personas a avanzar sobre un cordón policial, a tirar bombas, piedras y huevos.
“El derecho de manifestación tiene sus requisitos y límites, debe ser pacífica”, sentenció el fiscal.
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