“Un tema son los mandamientos de desalojo contra los indígenas que invadieron el inmueble, se logró el mandamiento ejecutoriado y la Policía no lo ejecutó todavía. Hablé con el ministro del Interior, pero no me dio respuestas”, indicó el abogado.
La comunidad indígena invadió no más de 40 hectáreas y están instalados en los costados de caminos internos. Roban madera y extorsionan a los trabajadores. Según Troche, había una fábrica de yerba que tuvo que ser cerrada por culpa de eso.
«Una de las comunidades que invadió el inmueble solicitó el reconocimiento de la personería jurídica y en el proceso de la elaboración del decreto. Hay un grupo que quiera saquear tierras y usurparlas, engañaron al presidente de la República con un plano falso, elaborado en el INDI, hace un año y medio. Con eso lograron un decreto situando la comunidad indígena, tres nacientes en la comunidad de Corpus Christi», siguió contando el representante de la empresa.
Asimismo, mencionó el caso de una señora llamada Cornelia, que dice ser hija legítima de uno de los fundadores de la sociedad, pero en el 2011 dejó de ser socio al vender sus acciones.
“Con el Juez Víctor Godoy y consiguió una curatela provisoria de las acciones de su padre en el Paraguay. Con esa curatela provisoria, mediante un escribano primero y una jueza después, consiguió que se le nombre administradora de las sociedades, sin tener derecho. La Jueza Josefina le nombró administrador judicial a un tal Cristian Aguayo”, manifestó.
Troche señaló que el juez cometió una “barbaridad” porque no requirió ninguna prueba y dio una medida cautelar gravosa y con esa medida, se fue él personalmente, sin autorización de la Corte y atropelló el inmueble y se quedaron instalados por un mes con la señora Cornelia y Christian Aguayo. “Robaron hasta ganado», agregó.
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