La abogada sostuvo que al utilizar las redes sociales como una herramienta de campaña para darse a conocer, los políticos, una vez llegados al poder, tienen la obligación de facilitar a la ciudadanía los datos correspondientes a su labor en el Gobierno.
En caso de eludir esta responsabilidad, Peralta aseveró que se violan derechos constitucionales, como la libertad de expresión.
“En Estados Unidos se dio el caso de Donald Trump, donde el Tribunal admitió sentencia, alegando que cuando los funcionarios públicos utilizan las redes sociales, se convierten en agentes del Estado y adquieren una responsabilidad estatal”, sentenció.
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