El proyecto de Ley enviado al Ejecutivo contempla que el uso de las tobilleras va a ser de uso general, no exclusivo para los “feminicidas», como propuso en principio un sector.
En su momento, el senador Ever Villalba mencionó: «Cuando existe un derecho y el Estado a través de una cuestión monetaria obstaculiza a gozar de ese derecho, es una cuestión discriminatoria. Con esta Ley estamos discriminando a la gente que no puede pagar, no está en igualdad de condiciones con aquellos aventajados. Esto pinta de que solamente los que pueden pagar el alquiler de las tobilleras van a poder gozar de este derecho», expresó el legislador.
La norma fue promulgada en setiembre del año 2017, pero no podía ser aplicada porque no estaba establecido cómo llevarlo a la práctica. Uno de los puntos a determinar era cómo se iba a financiar los dispositivos.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente dijo: «El juez va a tener todos los detalles del caso, si la persona puede pagar, va a pagar y si no puede, el Estado le va a dar eso, ahí se elimina el tema de la discriminación. Recibimos varios mensajes de la ciudadanía, por medio de nuestras redes sociales, no puede ser que una mujer ande con el Jesús en la boca porque su agresor está libre», expresó la legisladora.
Ahora se estableció que el costo de los dispositivos recaerá sobre el Estado en el caso de que el procesado se declare insolvente. También determinaron que el Ministerio del Interior estará a cargo de la compra de los artefactos.
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